La última palabra

El juicio del procés va a ser, ciertamente, un circo porque los separatistas piensan utilizarlo para una apoteosis del victimismo. Los procesados, conscientes de que no podrán eludir el castigo, montarán a la medida de sus terminales mediáticas un formidable espectáculo propagandístico. Como la vista durará hasta mayo, el argumento de campaña electoral está servido: la matraca del posfranquismo autoritario, los presos políticos y demás mitos. El Supremo no tiene más remedio que permitirlo porque el despliegue de garantías es el principio que fundamenta su superioridad democrática frente al golpismo. Al juez Marchena y sus colegas les espera un trabajo de ajuste fino; han de dirigir las sesiones aislándose del ruido, atentos sólo a la precisión del mecanismo jurídico. Para muchos ciudadanos resultará irritante asistir a esa presentida apología del independentismo, pero mientras más puedan explayarse los acusados, mientras más libertad gocen para poner a la Justicia en entredicho, incluso mientras más aparatosos sean sus aspavientos y numeritos, más cargado de autoridad moral estará el tribunal a la hora de emitir su veredicto.

Hasta ahora, en el conflicto de Cataluña, el judicial ha sido el único poder del Estado a la altura de los acontecimientos. Ha elaborado el sumario con plena independencia de criterio, sin dejarse intimidar por ningún factor ajeno. Ha soportado que la debilidad del tándem Rajoy-Santamaría lo usara como burladero, que el nacionalismo le falte al respeto denunciando falsos atropellos y que Sánchez amague con indultar a los reos antes de que ninguna condena pese sobre ellos. Ha sufrido prejuiciosos reveses de jueces extranjeros que cuestionaban los fundamentos del orden constitucional español con frívolo menosprecio. Y aún le toca soportar el intento de desacreditar la legitimidad del proceso. Sólo tiene ante todo eso un arma, un instrumento: la razón de la ley, la supremacía del Derecho. Y la ha sostenido con firmeza durante año y medio de intrigas políticas, presiones sociales y hasta escraches violentos. Ahora le toca terminar la tarea: es su momento.

Porque lo que está pendiente es nada menos que la respuesta institucional de una democracia europea a una insurrección colectiva contra las bases mismas del Estado. Como ha pasado un cierto tiempo, ha cambiado el Gobierno y la cohesión constitucionalista se ha debilitado, la opinión pública corre el riesgo de olvidarlo. La prisión preventiva de los dirigentes del levantamiento no era una sanción sino una medida de celo necesario ante la evidencia de que sus compañeros se habían fugado. Falta la resolución, la última palabra, las conclusiones que sólo pueden escribir los que conocen a fondo los detalles del relato. Y no va a ser un desenlace simpático. Es muy probable que cuando acabe la función circense, salgan a la pista los leones y devoren a los payasos.
Fuente: ABC
La última palabra

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