Los enfermeros militares denuncian que Defensa tarde en ascenderles a comandante el doble que al resto de oficiales

Los enfermeros militares están cursando una instancia ante la ministra Robles, acogiéndose al derecho de petición, contra la última actuación de la Subsecretaria de Defensa, manifestada en la actualización 2020 de la Directiva 69/2019 relativa al Plan de Acción de Personal del Cuerpo Militar de Sanidad hasta 2025.

El plan establece los criterios básicos que configuran la carrera militar de los componentes del Cuerpo Militar de Sanidad. Regula que los enfermeros permanezcan un 80% del tiempo en la escala de teniente y capitán frente al resto de oficiales que son destinados en estos empleos un 40% del tiempo, por lo que tardan la mitad en ascender.

A los enfermeros se les exigen 16 años como capitanes frente a los 8 que se exigen al resto de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

Cambiar la plantilla y mejorar los ascensos

El malestar de los enfermeros militares deriva principalmente de las noticias publicadas en varios medios el mes pasado en las que el propio Ministerio de Defensa reconocía la necesidad de mejorar las capacidades de la sanidad militar. Se detecta la necesidad de contar con más personal, manifestada durante la crisis del coronavirus, la cual que hizo necesario activa oficiales médicos y enfermeros en reserva y alumnos de la Escuela Militar de Sanidad.

En el mes de junio la Asociación de Oficiales Enfermeros (ASOENFAS) hizo una propuesta a Defensa sobre modificación de plantillas que provocó que el Ministerio reconociera la necesidad de cambiar la plantilla y mejorar los ascensos de los oficiales enfermeros.

Confidencial Digital ha podido saber que los oficiales enfermeros se sienten discriminados respecto a los demás oficiales en cuanto a plantillas y tiempos de permanencia en los distintos empleo, además reclaman que se cumpla la Disposición Final Sexta de la Ley 39/2007 relativa a su integración en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

Esperanzados tras la reunión de junio, cuentan que la norma aprobada el 29 de octubre no hizo más que decepcionarles. Por tanto, han decidido elevar una instancia, descargable a través de su web, al Ministerio solicitando que se resuelvan los asuntos relativos a plantillas, funciones y que se cumpla la Disposición Final Sexta.

Que se modifiquen los tiempos de permanencia

Los enfermeros denuncian la violación de la igualdad ante la ley en las necesidades o estructura de las Fuerzas Armadas, como hace para ellos la Directiva, amparándose en que la trayectoria profesional se articula en dos tramos.

Uno más enfocado a la actividad asistencial que deberían realizar los tenientes y capitanes y otro al asesoramiento, dirección, gestión, docencia, investigación y apoyo al mando que deberían hacer comandantes y tenientes coroneles puesto que no son los empleos los que impiden o no realizar actividades de un tramo u otro, sino la especialidad fundamental.

La Directiva de la Subsecretaria con aplicación hasta 2025 establece para la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad 4 años como tenientes, 8 como capitanes, también 8 como comandantes y de nuevo 8 como tenientes coroneles. Para el puesto de coroneles se estima permanezcan 6 años, 4 como generales de brigada y 3 como generales de división.

Por tanto, pasan un 40% del total en los empleos de teniente y capitán, un 51% como comandantes y tenientes coroneles, un 8% como coroneles y un 1% como generales.

Los oficiales enfermeros tienen unos tiempos diferentes. 5 años como tenientes, 16 como capitanes, 7 como comandantes y 6 como tenientes coroneles. Esto supone que estén el 80% del tiempo como tenientes y capitanes y el 20% como comandantes y tenientes coronel.

La comparativa entre las plantillas deja ver que habrá 163 comandantes y 274 tenientes coroneles menos para los enfermeros.

Por tanto, solicitan que tanto la plantilla como los tiempos de permanencia en los empleos que establece la Directiva 69/2019 en su actualización de 2020, se modifiquen de forma que “eviten la desigualdad ante la ley que sufre la Escala de Oficiales Enfermeros respecto a las demás Escalas de las Fuerzas Armadas, y particularmente las de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad y las de las Escalas Técnicas de Ingenieros”.

Reclaman que se redacten de nuevo las funciones

El condicionante de 6 y el apartado 1 del Anexo VI de la Directiva establecen las funciones que realizarán los enfermeros militares hasta 2025. Por la redacción los militares de este grupo detectan una serie de limitaciones.

Entre ellas se les incapacita legalmente para ser los mandos naturales del personal sanitario auxiliar. De hecho, no se les permite dirigir órganos de los servicios sanitarios de ningún tipo, dándose circunstancias tales como que, incluso ostentando empleos superiores, se subordinan al resto de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad sea cual sea la especialidad de éstos.

Aunque se les atribuye la asistencia a las bajas de conformidad con su titulación, no se especifica si esas bajas son de personal militar o civil o de ambos. Tampoco se les atribuyen tareas de primeros auxilios, asesoramiento sanitario o preventivas.

Reclaman a la Subsecretaria que el texto relativo a las funciones de los oficiales enfermeros vuelva a ser redactado.

Integración en la escala de oficiales de Cuerpo Militar de Sanidad

Por último, en la instancia que presentan ante la ministra de Defensa los enfermeros exigen que se dé cumplimiento a la Disposición Final Sexta de la Ley 39/2007.

Piden que se produzca la integración de la Escala de Oficiales Enfermeros en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, ya que defienden haber cumplido los condicionantes establecidos.

Ante el argumentario presentando previamente por Defensa para justificar la no integración responden que debería modificarse los requisitos de titulación de forma tal que los suboficiales ingresen con una titulación universitaria, que según el Estatuto del Empleado Público les permita estar en el subgrupo A2, o, en caso contrario, se modifica la estructura de las Fuerzas Armadas y a los Suboficiales se les atribuye otro grupo o subgrupo retributivo.
Fuente: elconfidencialdigital.com
Los enfermeros militares denuncian que Defensa tarde en ascenderles a comandante el doble que al resto de oficiales

Vox presiona a Ayuso para que los militares reciban ayudas a la vivienda como los policías y guardias civiles

El grupo parlamentario Vox insta al Gobierno autonómico a que establezca ayudas en vivienda al personal de las Fuerzas Armadas destinado en la Comunidad de Madrid mediante convenio de colaboración entre la Comunidad y Defensa.

La posibilidad de crear el convenio la contempla el artículo 1.2.g) del Decreto 244/2015 que regula la estructura y el funcionamiento de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Esta oportunidad ya fue utilizada por el gobierno de Ayuso en 2019, cuando aprobó ayudas a la vivienda para policías nacionales y guardias civiles, cuya materialización se está llevando a cabo este año. El objetivo de estas ayudas es incentivar la llegada de agentes a la comunidad.

Vox impulsa la propuesta con una PNL

El grupo que lidera Rocío Monasterio registró la propuesta en forma de proposición no de ley el pasado 15 de octubre. Confidencial Digital ha podido saber que su objetivo es impulsar una respuesta en el Gobierno autonómico ante las necesidades de los efectivos de las Fuerzas Armadas que son destinados en Madrid.

La asociación Unión de Militares de Tropa presentó un documento con varias peticiones a la Asamblea de Madrid. Explican que el nivel de vida en la Comunidad “no se corresponden con sus retribuciones”.

Por ello, una de las medidas que solicitan es un acceso preferente a la red de viviendas de la Comunidad de Madrid, así como la tarjeta de transporte y acción social para miembros de las Fuerzas Armadas en forma, por ejemplo, de ayudas en los comedores escolares.

Los militares, sujetos a las mismas circunstancias que sus compañeros de las FCSE de la región, recibieron con “estupefacción” el agravio producido en lo que se refiere a las ayudas a la vivienda en 2019.

Si bien reconocen que las ayudas a policías y guardias civiles son justas y necesarias, consideran que también lo son para los miembros de las Fuerzas Armadas.

Especialmente después de su papel en la ‘Operación Balmis’. Las Fuerzas Armadas se movilizaron en apoyo a las autoridades civiles en la lucha contra la pandemia, a las FCSE, desinfectando infraestructuras críticas, montando hospitales de campaña, transportando fallecidos y elaborando productos sanitarios.

Por ello, esperan que la Comunidad de Madrid apruebe la proposición no de ley registrada por Vox y reciban ayudas en vivienda como harán próximamente sus compañeros de las FCSE.

La proposición no de ley aún está por debatir en la Asamblea y ECD ha podido saber que el grupo de Monasterio no sabe con qué apoyos cuenta para sacarla adelante.

Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme al programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2019, anunció varias medidas para incentivar la llegada de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la región.

El 24 de septiembre de 2019, por acuerdo del Consejo de Gobierno se creó la comisión de estudio para determinar las medidas de apoyo a favor de los miembros de las FCSE destinados en Madrid.

Algunas de las medidas propuestas son dar un precio reducido en menús, vivienda protegida en alquiler, facilidades para el uso de toda la red de transporte público o entrada gratis a las instalaciones deportivas.

A día de hoy, solo se ha materializado la reducción del precio del menú escolar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

Entre las ayudas aun no materializadas, el pasado 12 de enero de 2020 se anunciaron obras de adecuación en 40 viviendas en Ciempozuelos para alojar en régimen de alquiler a Guardias Civiles, mediante un convenio de colaboración con la Guardia Civil.

El Decreto que regula el funcionamiento de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid contempla los mecanismos necesarios para regularizar adjudicaciones de vivienda al establecer que tiene la competencia para formalizar convenios con entes públicos.

El Gobierno autonómico ha argumentado que el objetivo del convenio es que todos los municipios de la Comunidad dispongan de suficientes policías nacionales y guardias civiles.

Se trata de “un compromiso con los más de 20.000 agentes y sus familias que desempeñan sus funciones en la región para que elijan Madrid como destino laboral, sientan que se aprecia su labor y se integren rápidamente entre los madrileños”.

En marzo de este 2020, la Comunidad anunció que pondrá a disposición de policías nacionales y guardias civiles viviendas en el centro de la capital con un alquiler mensual de 280 euros para tratar de suplir “la carencia de 2.500 agentes” que tiene la región.

 
Fuente: elconfidencialdigital.com
Vox presiona a Ayuso para que los militares reciban ayudas a la vivienda como los policías y guardias civiles

La luz ultravioleta, el secreto del robot Atila del Ejército contra el coronavirus

Atila (Antivirus por iluminación de luz ultravioleta autónomo) surge como una de las respuestas del Ejército de Tierra a la situación de emergencia sanitaria con el objetivo de ampliar las capacidades de desinfección por toda la geografía española.

El desarrollo del sistema gira en torno al empleo de la luz ultravioleta de onda corta (UV-C) como medio de desinfección. Por ello ha resultado ser especialmente útil en instalaciones en las que por su naturaleza o por la función que desarrollan no es recomendable o posible el uso de descontaminantes químicos.

Estos espacios son almacenes de alimentos o medicinas, instalaciones con atmósferas controladas, quirófanos, cocinas de residencias o centros de gestión de emergencias, entre otros.

Actualmente existen 13 robots repartidos en todo el territorio nacional. El sistema comenzó a desarrollarse a mediados de abril y actualmente sigue perfeccionándose. 

Forma parte del catálogo de capacidades disponibles en la Operación Baluarte como herramienta de desinfección.

Se encuadra en las unidades específicas NBQ que puede emplearse durante la etapa 1, como medio alternativo a la fase de nebulización o termo nebulización. La nebulización consiste en el empleo de un potente desinfectante concentrado en triple acción: bactericida, fungicida y viricida, en base a amonio cuaternario de uso diluido.

Radiación UV-C

Científicamente se ha demostrado que la radiación UV-C tiene un alto poder de desinfección ante virus y bacterias. Su eficacia depende en gran medida del tiempo de exposición y distancia.

La radiación UV-C actúa degradando la estructura proteica o ARN de los virus y bacterias. Estos serán más fáciles de neutralizar o inactivar en función de su estructura celular y tamaño.

El sistema Atila usa lámparas UV-C que trabajan en una longitud de onda de 254 nanómetros, con una elevada intensidad radiante y libre de generar Ozono. Esto permite a lo militares de Tierra desinfectar instalaciones en un corto espacio de tiempo con un alto grado de eficacia.

Robots para evitar lesiones

La exposición directa o indirecta a la radiación puede causar lesiones en la piel o en los ojos por lo que el sistema se ha diseñado para ser empleado en los robots de desactivación de explosivos, actualmente en servicio en el Ejército.

Estos robots son manejados de forma remota por los artificieros, de este modo el personal puede usar de forma segura la tecnología sin ponerse en peligro.

Además, Atila puede ser empleado con una mesa de transporte diseñada a tal efecto en aquellos casos en que las características de la instalación no permitan emplear los robots de desactivación.

Pruebas con virus y bacterias

Antes de entrar en servicio y usarse en misiones de desinfección, el sistema se puso a prueba en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Allí se realizaron varios ensayos con distintos tipos de virus y bacterias, demostrándose que el desarrollo hecho por el Ejército de Tierra es muy eficaz contra el SARS-CoV-2.  Además, durante el periodo de prueba se pudieron determinar los tiempos de exposición necesarios para desinfectar un lugar en función de la distancia y tamaño de la instalación.

Atila llega a la OTAN

La Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (JIMALE) presentó el sistema Atila en el grupo OTAN de Desarrollo de Capacidades de Defensa Nuclear (JCBRN-CDG) el pasado 22 de octubre.

Dicha presentación estaba prevista para llevarse a cabo en Praga, entre el 20 y 22 de octubre. Finalmente se optó por el formato online debido a las restricciones impuestas por la Covid-19.

La presentación fue seguida por 75 participantes de las 24 naciones OTAN que forman parte del grupo JCBRN-CDG.
Fuente: elconfidencialdigital.com
La luz ultravioleta, el secreto del robot Atila del Ejército contra el coronavirus

Cientos de saharauis residentes en España se ofrecen a combatir con el Frente Polisario en la guerra contra Marruecos

El conflicto del Sáhara Occidental agita las tensiones que se viven en el norte de África. La ruptura del alto el fuego y declaración del estado de guerra por parte del Frente Polisario contra Marruecos es el incidente más grave ocurrido en la zona en los últimos años. Mientras, Canarias se desborda por la llegada de pateras.

Confidencial Digital ha podido saber que algunos saharauis que viven en nuestro país pretenden sumarse a la guerra. Aseguran que “prefieren morir a volver a los campamentos de refugiados en Argelia”. La delegación del Frente Polisario en Madrid ha recibido en los últimos días centenares de llamadas de saharauis residentes en España ofreciéndose como combatientes y preguntando cómo pueden llegar hasta las zonas en conflicto.

Hay que tener en cuenta que, debido a la situación derivada de la emergencia sanitaria del coronavirus, muchos estados mantienen cerradas sus fronteras

Desde la delegación del Frente Polisario en Madrid explican a ECD que jóvenes saharauis que viven en España quieren ir a la guerra porque han crecido viendo cómo se incumplen las promesas que les ha hecho la comunidad internacional para resolver este conflicto. 

Complicaciones para llegar por el coronavirus

Habitualmente los saharauis que se han desplazado hasta la zona de conflicto lo hacen volando hasta Argelia y de ese país, se trasladan hasta los campamentos que se encuentran en la zona de Tinduf. Pero ese camino ahora no es transitable: las fronteras de Argelia se encuentran actualmente cerradas debido al coronavirus.

Los españoles que han acudido a los campamentos para llevar material, medicinas o alimentos lo han hecho con furgonetas cruzando el Estrecho de Gibraltar y llegando desde Marruecos. Pero este país, por el mismo motivo que Argelia, sólo mantiene abiertas ahora las fronteras a sus nacionales.

La última opción que les queda es volar a Mauritania. ECD ha podido saber que algún saharaui ya ha logrado llegar a los campamentos por esta vía, pese a que los residentes en España señalan que la frontera se encuentra cerrada. En estos momentos, Marruecos estaría ampliando su muro en la zona sur, por lo que esta última opción se está complicando.

“Hay conflictos que se ganan con la moral”

Saharauis en Madrid afirman que los campamentos de refugiados, donde viven en el exilio miles de saharauis, están viendo como miles de personas se unen al “ejército de liberación”. Los centros de preparación para la guerra están colapsados.

De ahí que los campamentos de acogida presenten ahora una imagen inusual: solo quedan niños, las mujeres que cuidan de los pequeños, y ancianos. Los adultos y jóvenes han marchado al frente.

La Delegación del Frente Polisario explica que es consciente de sus reducida capacidad militar, a mucha distancia que el oponente. Sin embargo, explican, “hay conflictos que se ganan con la moral”. 

Para ellos este conflicto es un desafío irrenunciable. Es algo que tienen que acometer después de casi 30 años reivindicando por vía pacífica un referéndum de autodeterminación, prometido por las Naciones Unidas pero que nunca ha llegado. 

El conflicto desde España

En España los saharauis tratan estos días de visibilizar su situación a través de las redes sociales. De hecho, se ha viralizado un vídeo en el que un joven de treinta años llama a la comunidad saharaui a movilizarse y acudir a la guerra.

La Delegación del Polisario asegura que su batalla particular es contra la desinformación. Aseguran que Marruecos quiere silenciar el conflicto para seguir saqueando los recursos del pueblo saharaui.

Por otra parte, pese a la petición de Iglesias a Sánchez para que defienda la causa del Sáhara Occidental, el Polisario no pone demasiadas esperanzas en el movimiento de Unidas Podemos. “Marruecos presiona a España con las pateras” recuerdan. Varios medios han publicado el temor del Gobierno a que el rebrote del conflicto del Sáhara empeore la crisis migratoria que sufre Canarias.

Brecha en los territorios liberados

Un portavoz de la delegación del Polisario en España recuerda a Confidencial Digital que Marruecos, contra una resolución de la ONU de 2001, ha abierto una brecha “ilegal” que se asfaltó entre 2016 y 2017 en el Guerguerat para “continuar con el saqueo de los recursos saharauis”. Dicha carretera comunica Marruecos con la zona del Sahel a través de Mauritania.

En octubre los saharauis bloquearon la carretera de la zona desmilitarizada. Según el Polisario se trata de “una frontera no reconocida internacionalmente en los territorios liberados”.

El Ejército de Marruecos entró el viernes 13 de noviembre en el Guerguerat para expulsar a los civiles que mantenían bloqueada la carretera de acceso a Mauritania desde el 21 de octubre. 

El Frente Polisario intervino y se intercambiaron “disparos al aire” sin registrarse ninguna víctima o herido. Según han explicado a EFE fuentes marroquíes, se trataron de disparos de advertencia que no apuntaron a personas. Los saharauis confirmaron que hicieron “disparo táctico para ganar tiempo y hacer retroceder a los marroquíes mientras evacuaban a los civiles”.

La Delegación saharaui asegura a ECD que mientras el conflicto se gestaba en una brecha abierta por Marruecos, los militares alauitas abrían otras dos rodeándolos. Por este motivo efectuaron el disparo táctico y evacuaron a los civiles. En caso contrario, “estaban sentenciados”.

Declaración del estado de guerra

Como consecuencia de lo sucedido, el secretario general del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Democrática Saharaui (RASD) declaró el pasado sábado 14 la ruptura del alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y declaró el estado de guerra. 

Desde entonces, el Ejército Popular de Liberación Saharaui bombardea bases y posiciones estratégicas del muro marroquí. Según los partes militares consultados, habrían causado varias bajas humanas y cuantiosos daños materiales.

ECD ha tenido acceso a un vídeo en el que se muestra el recibimiento en el campamento de refugiados en Tinduf a los saharauis que bloquearon la carretera marroquí durante semanas. 
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Un Territorio No Autónomo

El Frente Polisario o Frente Popular de Liberación de Saguia al-Hamra y Río de Oro nació en 1973 para reivindicar la independencia del Sáhara Occidental frente a España, país que administraba el territorio como colonia desde 1883. El 6 de noviembre de 1975 el rey Hassan II convocó la Marcha Verde hacia el Sáhara, movilizando hasta 350.000 marroquíes. 

El 14 de noviembre España traspasó, contra las resoluciones de la ONU, la mayor parte del territorio a Marruecos y un tercio a Mauritania. El 12 de enero del 76, España abandonó el territorio y Marruecos y Mauritania iniciaron la ocupación. 

El Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y entró en guerra con ambos países contando con el apoyo de Argelia, Cuba y Sudáfrica. Tres años después, el Frente firmó la paz con Mauritania, pero continuó en una guerra con Marruecos. 

En 1991 se firmó el alto el fuego y se creó la Misión de las Naciones Unidas (MINURSO) para el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Desde 1963, Naciones Unidas le reconoce la condición de Territorio No Autónomo, es decir, pendiente de descolonización, aunque no haya una potencia administradora. 

Desde entonces, los saharauis reclaman a la Comunidad Internacional la organización del referéndum de autodeterminación que contemplaba el Plan de Paz de la ONU. No se ha realizado 29 años después. 

Marruecos ha expresado que solo está dispuesto a conceder la condición de autonomía al Sáhara Occidental. El Polisario considera que Naciones Unidas, pese a renovar la misión de paz no está más que garantizando el “saqueo de sus recursos”. 

Los recursos del Sáhara Occidental

El Polisario señala el interés español en la explotación de los recursos de la zona del Sáhara Occidental. De hecho, la Unión Europea firmó un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos en 2019 que contradice la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), la cual establece que no se pueden incluir las aguas del Sáhara Occidental, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización. 

La sentencia del TJE dictamina que para ello es necesario el consentimiento del pueblo saharaui y su representante en la ONU, algo que no se ha tenido en cuenta. La ilegalidad fue denunciada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch.

Además, el acuerdo contempla que la UE pague a Marruecos una media anual de 52 millones de euros a cambio de permitir faenar en sus aguas a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles. 
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Fuente: elconfidencialdigital.com
Cientos de saharauis residentes en España se ofrecen a combatir con el Frente Polisario en la guerra contra Marruecos

Anulada la oposición de la Policía Municipal de Madrid que no reservó plazas para militares

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) interpuso un recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid de 20 de marzo de 2019, entonces liderado por Carmena, referente a la convocatoria para cubrir 112 plazas del Cuerpo de Policía Municipal.

El proceso selectivo fue concretamente para los puestos de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local, grupo C, subgrupo 1, mediante el sistema de concurso oposición por turno libre.

La asociación demandó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través del despacho de abogados Hebrero & Asociados, que el proceso selectivo quebrantaba el convenio suscrito el Ayuntamiento y Defensa por el que se reserva el 20% de las plazas para aspirantes procedentes de la tropa y marinería que hubieran cumplido al menos cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas.

Un protocolo para facilitar el acceso a los militares

El convenio de 2005, que contempla el Protocolo de colaboración entre Defensa y Madrid, recoge que, en el marco de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento, se podrá reservar en cada convocatoria de acceso a la Policía Municipal, hasta el 20% de las plazas para aspirantes procedentes de tropa y marinería que hayan cumplido cinco o más años de servicio en las Fuerzas Armadas.

El documento también recoge que se reconocerá a estos militares el tiempo de servicio y empleo para acceder al resto de plazas no reservadas. El Ayuntamiento de Madrid se comprometió a anunciar a Defensa las ofertas de trabajo que mejor se adapten a las capacidades adquiridas por los militares de tropa y marinería.

Además, se estableció que dicho protocolo se mantendrá vigente hasta que una de las partes formule su denuncia por escrito, con una antelación mínima de seis meses.

El convenio fue modificado en 2014 mediante una Adenda firmada por el exministro Morenés y la exalcaldesa Botella. En el nuevo texto se reserva “en cada convocatoria de acceso a la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal el 20% de las plazas para aspirantes procedentes de tropa y marinería con cinco o más años de servicio”. Se elimina así la posibilidad de reservar un porcentaje inferior.

El Ayuntamiento de Carmena incumple el compromiso

La convocatoria de 2019 ha sido la primera y única que ha incumplido el acuerdo suscrito en 2005. “No es la vía de entrada más adecuada para rejuvenecer el Cuerpo” justificó en marzo de 2019 un edil del gobierno de Carmena.

La administración demandada alegó ante el recurso que las normas sobre coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid establecen exclusivamente esta posibilidad sin indicar su obligatoriedad.

En concreto, el artículo 38.4 de la ley 1/2018 señala que las bases de estos concursos de acceso “podrán determinar una reserva de un máximo del 20 por 100 de las plazas convocadas para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería”.

Sin embargo, la posibilidad legal se convierte en una obligación al estar mediatizada por el convenio con Defensa al que el Ayuntamiento se encuentra suscrito.  

Convocatoria anulada

El pasado 11 de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid estimó el recurso interpuesto por ATME contra la convocatoria para proveer 112 plazas de Policía Municipal de Madrid. Por tanto, el proceso de selección queda anulado y sin efecto.

El Ayuntamiento tiene desde la notificación un plazo de quince días para presentar un recurso de apelación.

 
Fuente: elconfidencialdigital.com
Anulada la oposición de la Policía Municipal de Madrid que no reservó plazas para militares

Un militar con leucemia se queda sin test PCR por problemas con la sanidad de Madrid

Los pacientes de enfermedades crónicas debilitantes o inmunodeprimidos, como ocurre con muchos pacientes con cáncer, se enfrentan a un mayor riesgo de infección y de complicaciones por coronavirus. Por tanto, las personas que se pelean contra dicha enfermedad son consideradas de riesgo.

Sin embargo, luchar contra esta enfermedad no ha sido suficiente para hacer una PCR a un militar del Ejército de Tierra tras estar en contacto estrecho con un positivo, según ha sabido Confidencial Digital.

Era domingo y tocaba comida familiar; este militar que padece leucemia linfática, acompañado de su mujer y sus dos hijos pequeños, salió a comer con sus padres como un fin de semana normal.

El lunes recibió una llamada de su madre, que le informó de que había dado positivo por coronavirus. El militar no tardó en llamar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que es el organismo encargado de gestionar el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Además, sus padres informaron al rastreador que les contactó de la situación de su hijo, militar y de riesgo. Este tomó nota de sus datos y les dijo que contactaría con él un médico por su situación, algo que nunca ocurrió.

De ISFAS a la Comunidad de Madrid

Desde el ISFAS indicaron al militar que ellos cumplían el protocolo que tienen publicado en su web. En este se especifica que, si el militar no tiene síntomas, pero ha tenido contacto estrecho, se le harán las pruebas siempre y cuando lo avalen los servicios de Salud Pública de su Comunidad Autónoma, en este caso Madrid.

Fuentes de ISFAS explican a Confidencial Digital que en los casos en que los militares presenten síntomas propios de la infección por SARS-CoV-2 será la entidad de seguro concertada la encargada de realizar la PCR.

Sin embargo, corresponde a los servicios de salud pública de la Comunidad de Madrid determinar si se le hará una prueba o no en caso de no presentarse sintomatología propia del coronavirus. ISFAS explica que ellos no tienen competencia en el ámbito de salud pública y epidemiología.

El militar, sintiéndose abandonado por la institución, llamó al teléfono correspondiente de la Comunidad de Madrid. Desde allí le informaron que sí le tenían que hacer la prueba PCR para detectar si se había infectado de coronavirus.

Le indicaron que el protocolo que debía  seguir consistía en personarse en un centro de salud con la tarjeta de ISFAS. Allí le harían la prueba.

Por otra parte, su mujer que también había estado expuesta llamó a su médico a las 8 de la mañana y al de los niños y les citaron a los tres a las 13.30 horas. El soldado decidió aprovechar e ir con la familia a hacerse la prueba.

No aparece en el sistema

Según llegaron al centro de salud atendieron a la mujer y a los hijos. El militar relató allí su situación, es militar y sufre cáncer, y en el centro le pidieron que esperara porque tenían que comprobar que están sus datos en el sistema. Al poco tiempo volvió  la persona que le atendía: “No nos apareces en el sistema, vamos a consultar de nuevo”. Pero seguía sin aparecer.

“Si no apareces en el sistema no te la podemos hacer”. El militar se quedó desconcertado y explicó el proceso que le habían dicho que siguiera, en el centro de salud le dijeron que “le han engañado”.

Llamó de nuevo a ISFAS y contó lo que le ha sucedido. Ellos le aseguraron que no podían hacer nada por él y le remitieron de nuevo al protocolo publicado en la web.

Al ser militar y tener un modelo de asistencia sanitaria concertada decidió ir por otra vía y probó llamando a Adeslas. Desde el seguro de salud privado le explicaron que podían hacerle la PCR, pero sólo en el caso de que presentara síntomas.

Como no era así, siguió sin poder hacerse la prueba, pero ya se sentía menos abandonado al saber que en caso de tener fiebre, tos u otro síntoma del Covid le harían la prueba.

Otra opción que le dio Adeslas fue solicitar al médico que le lleva el tratamiento contra el cáncer que le hiciera un informe pidiendo el test.

Habló con el Hospital Universitario Quirónsalud, que le lleva el tratamiento contra la leucemia, y allí le mostraron directamente la predisposición a realizarle la prueba en caso de presentar alguno de los síntomas. Pero él seguía sin síntomas y sin pruebas.

Aislado y con mascarilla

Unos días más tarde recibió una llamada, era un rastreador que seguía el caso de su madre. El militar le contó su historia y el rastreador se sorprendió. “¿Cómo que a usted no le han hecho la prueba? ¿Estará aislado y con mascarilla no?”. Él lo reafirmó, y le planteó cómo se puede mantener un aislamiento conviviendo con dos niños pequeños que pueden entrar en su habitación en cualquier momento.

Además, aunque no presenta síntomas le pregunta si es posible que lo hubiera cogido y le muestra su preocupación por cómo pudiera afectar a su enfermedad. El rastreador corrobora que puede estar infectado, le pide los datos de nuevo y afirma “le vamos a poner un médico particular”. Pero nunca apareció ese médico y el rastreador no le volvió a contactar.

Llamó otra vez a la Comunidad de Madrid y contó su situación, la enfermedad, que estaba aislado con mascarilla pero que convive con niños pequeños y dio de nuevo sus datos, pero no cambió nada.

Volvió a llamar. Esta vez le dijeron que es ISFAS quien debe tramitarlo todo, pero él ya sabe que ISFAS remite al protocolo oficial disponible en su página web en el que se le indica que debe llamar precisamente a ese teléfono.

ECD trató de contactar con la Consejería de Sanidad madrileña obteniendo como única respuesta el número de teléfono de información sobre el coronavirus. Al contactarles confirmaron que el militar debía llamar a ese número y desde ahí gestionarían la cita. En una ocasión indicaron que debía hacerse la prueba, en otra dijeron que debía valorarlo Salud Pública.

Deja su salud a la suerte

Después de las llamadas sin que nada cambiara, el militar se ha rendido y ha decidido dejar su salud a su suerte. Piensa que “si me pongo malo ya me voy directo al hospital”. Aunque está tranquilo, se encuentra bien.

La historia tiene un final feliz ya que pasa la cuarentena sin sufrir ningún síntoma. Pero los acontecimientos podrían volver a repetirse.

Su hija de cuatro años ha estado en clase con un positivo de Covid. Aún no le han hecho la PCR a la niña, pero en caso de ser el resultado positivo el militar se pregunta si de nuevo se quedará sin prueba, siendo una persona de riesgo y conviviente de un infectado.
Fuente: elconfidencialdigital.com
Un militar con leucemia se queda sin test PCR por problemas con la sanidad de Madrid

La UME se defiende de las acusaciones de fallos en el protocolo anticoronavirus

Los militares españoles han tenido y tienen un papel clave en la gestión de la crisis del coronavirus. Bajo el mando coordinado del JEMAD y la ministra de Defensa, efectivos de las Fuerzas Armadas participan en tareas como la desinfección de instalaciones o el rastreo de los contagios.

A consecuencia de la emergencia sanitaria los mandos de los Ejércitos y la Armada, así como los responsables de unidades y bases, han ido adoptando decisiones organizativas para que la expansión de la pandemia no merme las capacidades militares.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) afirma haber puesto en práctica las recomendaciones sanitarias relacionadas con la prevención del contagio del SARS-CoV-2 emitidas por el Ministerio de Sanidad y por la Inspección General de Sanidad de Defensa.

Entre estas se encuentran el mantenimiento de las distancias de seguridad y organización de actividades para favorecerlas, el uso obligatorio de mascarillas en sus recintos y la desinfección de lugares de trabajo y equipos. Además, cuentan con servicios para que los militares se laven las manos con la frecuencia recomendada.

Sin embargo, militares de la Base Conde de Gazola (León), donde tiene su base el Batallón V (BIEM V) de la UME, aseguran que pese a existir normas y medidas escritas que se han distribuido entre el personal, no todas se vienen cumpliendo.

Medidas difíciles de cumplir

De acuerdo con la UME, los militares afirman que se cumple estrictamente que todo el personal lleve mascarilla en todo momento, salvo para comer y realizar determinadas actividades físicas.

Fuentes internas de la base de León cuentan a Confidencial Digital que las distancias de seguridad no se respetan en ciertas ocasiones.  

Una de ellas es en los retenes. Cada semana un grupo de personas está de guardia las 24 horas del día de lunes a domingo. Esa semana el equipo duerme en el mismo edificio, en el que las medidas son “casi imposibles de cumplir”, según los testimonios recabados.

Conviven en un espacio “reducido” en torno a 15 personas. Además, informan a ECD que en teoría se les iba a hacer un test para detectar posibles casos de coronavirus cada vez que entrase un nuevo retén, pero de momento no se han realizado.

Aseguran que se les ha llegado a culpar de estos contagios alegando que no han mantenido la distancia ni las medidas indicadas.

Por otra parte, para el uso de los vestuarios se establecieron turnos con el objetivo de impedir que coincidieran demasiadas personas y garantizar así el cumplimiento de las distancias. Pero estas no se respetan ya que, por las exigencias del trabajo, “es imposible que dé tiempo a estar preparados al tiempo que requieren los superiores”.

Respecto al uso del gimnasio, señalan que hay días en los que el deporte consiste en clases de ejercicios variados de alta intensidad, tocando los militares el material, uno tras otro, sin desinfectar.

Contacto con un positivo dentro de la base

Algunos militares denuncian también que efectivos que comunican haber estado en contacto directo con personas que han dado positivo en las pruebas de coronavirus acuden al trabajo sin que se les hayan realizado el test correspondiente.

En concreto, ECD ha podido saber que un militar coincidió en el vestuario con otro que tenía Covid.

El militar se queja de que no le avisaron hasta cuatro días después del contacto con el contagiado pese a que este tenía los síntomas, aunque no estuviera confirmado aún por la PCR.

Durante esos cuatro días, el militar podía haber estado contagiado, pero continuó yendo a trabajar. Posteriormente tuvo que permanecer nueve días en aislamiento y sin prueba ninguna, una vez transcurridos, volvió con normalidad al trabajo.

Servicio de supervisión de las medidas sanitarias

La UME defiende haber puerto en práctica todas las medidas y protocolos sanitarios relacionados con el SARS-CoV-2. Además, la unidad cuenta con un servicio específico para supervisar el cumplimiento de estas normas.

ECD ha podido saber de este servicio se encarga el personal del servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Su jefatura se encuentra en el Cuartel General de la UME, aunque cada Batallón dispone de personal concreto para las tareas relacionadas con los protocolos sanitarios derivados de la crisis del coronavirus.

Este personal actúa bajo la dirección de la jefatura de PRL. Además, miembros de la jefatura de Prevención de Riesgos Laborales de la UME realiza visitas periódicas a las unidades para comprobar que las medidas se están cumpliendo.

Fuentes del cuartel general señalan que prueba de la utilidad de estas medidas es el bajo índice de contagios que presenta la Unidad, añaden que la mayor parte de los contagios están relacionados con el ámbito social y familiar.
Fuente: elconfidencialdigital.com
La UME se defiende de las acusaciones de fallos en el protocolo anticoronavirus

Los satélites europeos para el control de fronteras con la participación de Defensa y Fomento

El contexto internacional del sector espacial evoluciona con rapidez. La combinación de los datos espaciales con las tecnologías digitales está creando oportunidades de negocio para todos los países de la Unión Europea.

En octubre de 2016 se presentó la Estrategia Espacial para Europa y desde entonces la UE está trabajando en un programa espacial plenamente integrado que abarca el período 2021-2027.

Nuevo reglamento espacial de la Unión Europea

Para ello en junio de 2018 se presentó una propuesta legislativa que reúne todas las actividades espaciales en un programa proporcionando un marco coherente para las inversiones.

Este se enmarcará en el reglamento espacial europeo que entrará en vigor el próximo año. Esta norma contempla la creación del Programa Espacial de la UE, así como de una Agencia específica para la gestión de este.

Los programas espaciales europeos puestos en marcha hasta el momento permiten que los ciudadanos podamos realizar las tareas cotidianas. Además, la política espacial de la UE permite que puedan llevarse a cabo otras políticas, como la de seguridad y defensa.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, la Comisión Europea estará habilitada para delegar a Estados miembros, grupos de Estados miembros o entidades nacionales de carácter público, la gestión de contratos, tareas y actividades. Hasta ahora estas tareas las venían desarrollando la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Europea de Navegación por Satélite (GSA).

Componentes del Programa

La UE desarrolla sus propios programas e iniciativas espaciales desde finales de los noventa; primero con el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) al que más tarde se unieron Galileo y Copernicus, los cuales responden a las necesidades de las políticas públicas.

Es decir, los europeos ya cuentan con un sistema global y uno regional de navegación por satélite (GNSS) y un sistema de observación terrestre.

El Programa no solo garantizará la continuidad de estas iniciativas, también las mejorará para que sigan a la vanguardia del desarrollo tecnológico y respondan a las prioridades políticas como el control del cambio climático, la seguridad y la defensa.

Están previstos nuevos lanzamientos de satélites para que no se interrumpan y en todo caso mejoren los programas en funcionamiento. Se obtendrán de este modo mejores datos de posicionamiento, navegación y sincronización.

Además, la UE contará con un sistema de vigilancia y seguimiento espacial (VSE) y un servicio de comunicaciones gubernamentales vía satélite que permitirá la prestación de servicios de comunicaciones a la UE y las autoridades de Estados miembros que gestionan misiones e infraestructuras críticas para la seguridad (Govsatcom).

Garantizará la seguridad de la UE y sus ciudadanos

Entre las tareas encomendadas en los distintos programas, que tras la aprobación del reglamento europeo pasarán a desarrollarse bajo el marco del Programa, se encuentran el servicio de gestión de emergencias, que tendrá como objetivo dar información a las autoridades de protección civil y los servicios de seguridad para apoyar la vigilancia de las fronteras de la UE, la vigilancia marítima y las acciones de la Política Exterior y de Seguridad Común.

Otras aplicaciones del Programa tendrán como objetivo fomentar la eficacia operativa de los actores de la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos a la seguridad, a la protección diplomática o consular y a la protección de datos personales.

Alianza INTA, Ineco e Isdefe

En este contexto, las tres empresas públicas españolas INTA, Ineco e Isdefe, dependientes de Defensa y Fomento, han acordado desarrollar conjuntamente los proyectos en el marco que se espera bajo el nuevo reglamento europeo.

Afrontarán juntas el nuevo escenario del que esperan oportunidades de gran interés para el conjunto del sector industrial espacial nacional. En concreto, todas aquellas actividades relacionadas con el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Por lo que las tres empresas potenciarán los vehículos espaciales para la obtención de información y comunicaciones.

El acuerdo ha sido cerrado con el sello de un memorando por parte del director general del INTA, José María Salom, la presidenta de Ineco, Carmen Librero, y el consejero delegado de Isdefe, Francisco Quereda.

Las tres entidades vienen colaborando en proyectos relacionados con la gestión de operaciones de sistemas basados en el GNSS. En concreto, en el proyecto Galileo que pasará a formar parte del Programa Espacial. Por lo que España continuará con tareas de mantenimiento y mejora de las infraestructuras del Programa.  

En 2016, la GSA, responsable de la explotación del sistema Galileo, adjudicó su operación y mantenimiento durante los próximos 10 años a la empresa Spaceopal, formada por una empresa italiana y una alemana. Spaceopal cuenta en su equipo industrial con la participación de un grupo español liderado por Ineco, con la contribución de INTA e Isdefe.
Fuente: elconfidencialdigital.com
Los satélites europeos para el control de fronteras con la participación de Defensa y Fomento

Defensa incumplió el protocolo de acoso al facilitar los datos personales de una denunciante

La ministra Robles anunció en la Comisión de Defensa celebrada el 27 de febrero de 2019 que el protocolo de actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se evaluaría para mantenerlo actualizado.

Además, subrayó que su gabinete incidiría en “proteger la identidad de aquellas personas que denuncian para evitar que pueda haber ningún tipo de filtración -que sería vulneradora de la Ley de protección de datos-, para que las personas que sufren este tipo de acoso sepan que su identidad está debidamente protegida”.

Este asunto le resulta demasiado familiar a una capitana destinada en Zaragoza que presentó una denuncia ante la Unidad de Protección contra el Acoso, por discriminación por razón de género.   

La oficial denunció en junio de 2017 a un coronel y un teniente coronel por permitir que mandos hombres de la Delegación de Defensa de Zaragoza pudieran aparcar cuatro bicicletas dentro del vestuario femenino.

Un año antes, la capitán había formulado un parte disciplinario contra los mismos oficiales por falta grave, pero solicitó por escrito dejarlo en suspenso días más tardes con la idea de solucionar el asunto pacíficamente.

Un ‘descuido’ en la instrucción previa

El Subsecretario de Defensa, previo informe de la Asesoría Jurídica General, ordenó practicar una información previa para esclarecer los hechos. El instructor se personó el 29 de agosto de 2017 en la Delegación de Defensa y entregó a cada uno una copia íntegra de la denuncia. El problema surgió cuando, por ‘descuido’, no se ocultaron los datos personales de la denunciada. 

Dos días más tarde el instructor volvió para recoger la declaraciones los denunciados y estos declaran, según cuenta la oficial “que ya han interrogado a los testigos de un futuro procedimiento”.

El asunto concluye, en octubre del mismo año, con el archivo de las actuaciones en tanto que los hechos objeto del parte no cumplen los requisitos para ser considerados como una conducta de acoso por razón de sexo.

Denunciada con su propia denuncia

El coronel y teniente coronel delegados de Defensa en Zaragoza denunciaron a la capitán la vía penal por delito de “injurias y calumnias o deslealtad por dar información falsa”. Las acciones previas se incoaron el 3 de abril de 2018.

Cada uno de los denunciantes en este caso pedía para ella tres años de prisión, adjuntando la denuncia de género de la militar en la que constaban su identificación, empleo, destino y número de teléfono.

El juez archivó el caso el 27 de junio de 2018 admitiendo que la oficial nunca faltó a la verdad y que los hechos eran ciertos. En cualquier caso, en el auto de archivo señala que “suscita interés que tal nimiedad como la restricción en el uso de un vestuario provoque en la inicial denunciante tal desazón que sin faltar a la verdad en los hechos los considere inadmisibles (…) lanzando el formulario de denuncia de acoso por razón de sexo, con la creencia de obtener un resultado más favorable por esta extraña vía creada al socaire de las sensibilidades del momento imperantes en la sociedad”.

Prescrito y calificado como falta leve

La batalla judicial continuó con nuevas denuncias y recursos. Esta vez fue la capitán quien volvió a la carga en junio de ese mismo año. Con su abogado demostró que durante la instrucción de la primera denuncia se había hecho entrega a los dos acusados de la imputación en la que constaban los datos personales de la oficial, documento que ellos mismos entregaron cuando la denunciaron.

Entre estos datos estaban el teléfono particular y domicilio de la capitán. Si bien ella misma reconoce que “no la llamaron nunca”. Podrían cuestionarse la seguridad que puede tener una víctima de acoso a la hora de denunciar.

Este asunto quedó resuelto el 1 de febrero de 2019 con el archivo por parte del Subsecretario del parte disciplinario por no constituir los hechos infracción disciplinaria grave o muy grave, sino falta leve, y porque la falta leve estaba afectada por la prescripción.

En esta resolución se reconoce que la información facilitada no es constitutiva de secreto oficial o información clasificada. El deber de confidencialidad y el derecho a la intimidad ceden ante los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas, de conformidad con el último párrafo del apartado 3.7 del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

Es decir, entregar a los denunciados copia de la denuncia es una garantía para que ejerzan su legítimo derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, a los denunciados se les facilitaron datos personales de la denunciada lo cual, en otra situación, podría poner a una presunta víctima en situación de mayor riesgo.

Esta acción fue calificada en la resolución como un “descuido” que constituyó una falta leve consistente que pudo comprometer el derecho a la intimidad de la capitana, reconocido en el artículo 100.1 de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En cualquier caso, dicha falta se cometió en fecha indeterminada, pero en todo caso anterior al 25 de mayo de 2018, cuando el coronel hizo uso de la información facilitada. Esto implica que había pasado plazo de prescripción, que en el caso de las faltas leves es de dos meses, lo que extinguió la responsabilidad disciplinaria.

La batalla legal en el ámbito militar llega a su fin

La batalla legal ha finalizado en el ámbito militar. El 3 de marzo de 2020 la capitán presentó un formulario de denuncia por discriminación por razón de sexo contra el Ministerio de Defensa ante el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. El 19 de mayo la directora del Instituto trasladó la denuncia a la ministra Robles.

El pasado 14 de julio, de conformidad con la Asesoría Jurídica General de la Defensa, la ministra acordó el archivo de la denuncia cursada por la militar.

En los próximos meses la militar abandonará las Fuerzas Armadas. Esta ha contado a Confidencial Digital que sale de la institución tras 27 años de carrera por, como le dijo la propia ministra de Defensa, cumplir con su deber.
Fuente: elconfidencialdigital.com
Defensa incumplió el protocolo de acoso al facilitar los datos personales de una denunciante

La misión menos conocida de los psicólogos militares: 8.000 actuaciones en la 'Operación Balmis'

La psicología militar formó parte de un amplio sistema de servicios combinados de salud mental y de apoyo psicosocial generados para luchar contra la pandemia a nivel nacional a través de la ‘Operación Balmis’.

Las situaciones de emergencias y desastres tienen un impacto elevado para la salud mental. La Constitución Española (1978), la Ley Orgánica 4/1981 y la Ley Orgánica 5/2000 garantizan que “el personal y los centros y establecimientos sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio”.

Los psicólogos militares desarrollaron sus cometidos desde varias unidades: la Unidad de Psicología de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN), las unidades de salud mental de los hospitales militares, el centro de apoyo psicológico a los intervinientes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal y las secciones y gabinetes de las unidades de los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada, la Guardia Real y las delegaciones o subdelegaciones de Defensa.

El Mando de Operaciones (CMOPS) coordinó, junto a otras estructuras orgánicas, la actuación de la psicología militar. Todas las acciones responden al plan de atención psicológica puesto en marcha desde el Ministerio de Defensa, que elaboró hasta tres guías de actuación.

De acuerdo con la revista Sanidad Militar (abril-junio 2020), la psicología militar realizó unas 15.000 actuaciones, de las que se han registrado formalmente 8.000. Las guías y cartelería no se contabilizaron como acciones.

Del total de personas atendidas, el 40% recibió al menos una intervención psicológica, el 13% de forma individual y el 27% en sesión grupal. En las intervenciones individuales se detectaron síntomas de salud mental negativos y patrones de resiliencia para gestionar el estrés. 

Las intervenciones fueron presenciales, telefónicas y en diferido.  Las presenciales y telefónicas se basaron en el apoyo y acompañamiento, tanto a nivel emocional como físico. En las intervenciones diferidas se utilizaron guías psicoeducativas para hacer hincapié en señalar y reconocer los riesgos físicos y psicosociales asociados a la emergencia, y en la detección y potenciación de la resiliencia para hacer frente a dichos riesgos.

Asistiendo a civiles y militares

Los psicólogos militares trabajaron con civiles y militares. En ambos casos, las intervenciones se dirigieron a amortiguar el impacto negativo sobre la saludad mental de los riesgos asociados al trabajo y a propia la emergencia NBQR.

Los psicólogos militares prestaron apoya a residencias de mayores y centros de personas vulnerables. Dicho apoyo comenzó el 25 de marzo y tuvo lugar en dos fases diferenciadas. En la primera, psicólogos militares llamaban por teléfono ofreciendo apoyo psicológico y facilitaban un número de contacto. En una segunda fase, la atención psicológica se daba en respuesta a la llamada recibida en el teléfono habilitado 24/7. En total se actuó en 2.576 residencias y centros a lo largo de toda la operación.

El mayor número de llamadas recibidas se produjo en el pico de muertes de la pandemia. Entre los principales síntomas las primeras semanas se encontraban la angustia, el estrés y problemas para dormir derivados de una situación de incredulidad e incertidumbre. En las semanas posteriores aparece la carga física y la fatiga mental. A partir de la sexta semana empezaron a manifestarse ataques de pánico y depresión.

Los psicólogos clínicos militares de los Hospitales Militares atendieron a personal sanitario que se encontraba en primera línea durante la emergencia sanitaria, hospitalizados con Covid-19 y familiares de hospitalizados y fallecidos.

Por otra parte, psicólogos militares de Órgano Central dieron apoyo a militares retirados o viudas de militares.

De cara a proteger la salud mental de los militares que intervenían directamente en la ‘Operación Balmis’ y pudieran estar contagiados o enfermos, así como la de sus familiares, los psicólogos militares de los Ejércitos, Armada o Guardia Real intervinieron en el ámbito del cometido de sus funciones.

También se llevaron a cabo actuaciones centradas en oficiales de sanidad, personal en labores de desinfección y traslado de fallecidos, personal en labores de gestión, logística, trasporte, abastecimiento y resto de personal.  Se elaboraron, además, recomendaciones específicas para mandos y subordinados.

La especial labor de la UME

Las intervenciones realizadas por la sección de psicología de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron aproximadamente 750 durante la ‘Operación Balmis’. Estas se realizaron en siete contextos diferenciados.

Por una parte, prestaron apoyo psicológico y seguimiento telefónico a los propios miembros de la UME y a sus familiares, haciéndose en total de 472 llamadas y atendiendo a 181 personas. Se llevaron a cabo 174 sesiones grupales a 2.118 intervinientes repartidos en 103 grupos. También prestaron asistencia presencial en 35 ocasiones y participaron en 39 despliegues para desinfectar residencias de ancianos y centros de personas vulnerables. Además, difundieron mensajes de concienciación mediante cartelería, dieron sesiones formativas a jefes de equipo y apoyo específico en determinados puestos de trabajo.

Apoyo tras la ‘Balmis’

El Ministerio de Defensa ha tenido que dar apoyo psicológico a más de 2.200 militares, la mayoría integrantes de la UME, tras su participación en la ‘Operación Balmis’.

Esta atención se ha dado principalmente a los militares que se encargaron de la morgue del Palacio de Hielo, concretamente de las tareas del traslado de los fallecidos desde los hospitales y residencias en las semanas más intensas de afección de la pandemia.
Fuente: elconfidencialdigital.com
La misión menos conocida de los psicólogos militares: 8.000 actuaciones en la ‘Operación Balmis’

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